La concertación de políticas públicas y sector privado clave para mejorar la accesibilidad a la vivienda
La teoría económica reza: "el libre mercado, bajo condiciones de libre competencia y perfecta información, es eficiente". Es decir, vendedores y compradores consiguen asignarse bienes en un "punto de equilibrio". El punto de equilibrio es un precio que los primeros aceptan recibir y los segundos pagar. Ahora bien no es tan sencillo como parece.
En primer lugar, hay errores de mercado que alejan la eficiencia. En segundo lugar, hay ciudadanos que no pueden pagar el precio de mercado de la vivienda porque hay poca oferta en relación con la demanda existente.
El reto de la accesibilidad de la vivienda es:
Urbano: en 2050 un 68% de la humanidad vivirá en ciudades cuando se habla de ellas sale a colación el concepto de smart cities: urbanistas, arquitectos, ingenieros y tecnólogos ya trabajan en crear una urbe centrada en la calidad de vida del ciudadano, más sostenible y con el Internet of Things como dinamizador al introducir la tecnología para agilizar todos los procesos. Se trata como siempre de adaptarse al futuro mientras se cabalga el presente.
Mundial: como señala el Global Real Estate Bubble Index de UBS desde 2008 se han detectado aumentos de precio en los cinco continentes si bien en los últimos meses de 2019 los precios, en general, han ralentizado su crecimiento.
Complejo: ni sector público ni privado tenemos la solución, por lo tanto, adquiere todo el sentido poner en común experiencias exitosas y trabajar en equipo.
Urgente: hay ciudadanos que no pueden acceder a la vivienda... pero podemos sumar a la eficiencia del mercado la equidad de políticas públicas concertadas con el sector privado.
Las actuaciones que se adopten tienen que ser: planificadas, sostenidas en el tiempo, respetar el principio de seguridad jurídica e ir evaluándose.
A continuación listamos unas cuántas -sin posicionarnos a favor o en contra de ninguna-:
1. Apostar por una política pública de edificación de viviendas de protección oficial.
2. Incentivar fiscalmente al propietario@ que tiene un piso para que lo alquile a precios inferiores al de mercado.
3. Acordar con actores privados, la edificación de promociones de viviendas para colectivos vulnerables (personas con pocos recursos, jóvenes, mujeres maltratadas, varios funcionales, etc.).
4. Facilitar la entrada de "Sociedades Cotizadas de inversión Inmobiliaria" de las que hablábamos en 2015: estas, a cambio de bonificaciones fiscales, edifican pisos de alquiler aprovechando su músculo financiero.
5. Publicar índices de los precios de la vivienda regularmente para que la información sea perfecta y actualizada.
6. Impulsar el 'housing first': esta política, consiste a afrontar el "sinhogarismo" proporcionando una vivienda a los ciudadanos que viven en la calle porque una vez establecidos en él estas personas puedan salir de la precariedad y optar a un trabajo.
7. Limitar los precios por ordenanza municipal o, ley autonómica o estatal. Esto, en caso de hacerse, requiere: una aproximación muy rigurosa que permita evaluar la aplicación de la medida, comparar qué efectos produce en cada ciudad y,ate todo, apostar por el diálogo con el sector privado.
Estas políticas no son excluyentes, ni tienen que ser de duración infinita, además, se puede optar para aplicarlas solo a determinadas zonas de las ciudades.
A lo largo del artículo hemos visto como las habituales dicotomías entre público y privado y, entre políticas como: construir más vivienda o bien limitar los precios del mercado son reduccionistas. El reto es enorme sí, pero como sociedad disponemos de una ramillete de medidas para hacer frente. Además, en el sector privado queremos y podemos contribuir a la solución desde nuestra experiencia.